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PUBLICADO EN
LA REVISTA GENERAL DE MARINA, ABRIL DE 2007
TÍTULO:
"CONSIDERACIONES
JURÍDICO-CONSTITUCIONALES SOBRE LA BANDERA Y EL ESCUDO DE ESPAÑA".
JAIME ANTÓN
VISCASILLAS
Titulado Superior de la Administración del Estado y
Jurista doctorando en Derecho Constitucional.
“No os ciegue tanto el cariño a la patria, que lleguéis a
deshonrarla con fábulas, pudiendo ensalzarla con historias”.
Sabido
es que en Historia, a veces, por muchas y variadas razones -entre las cuales
pueden contarse la intención deliberada, la falta de rigor, la ignorancia o el
sectarismo-, sembrar la leyenda o simplemente la falsedad es muy fácil, porque
la credulidad humana es infinita. Por el contrario, desarraigar la leyenda o
desmontar la falsedad histórica, suele ser empresa mucho más difícil, porque
implica en ambos casos restablecer la verdad con pruebas firmes y concluyentes.
Aunque parezca paradójico suele ser así, pues no en vano como señala el dicho
popular “una mentira repetida cien veces acaba haciéndose verdad”.
Viene
este comentario al caso por la demagógica y artificial polémica que rodea al
antiguo escudo de España del águila de San Juan, que estuvo vigente hasta
diciembre de 1981, al que reiteradamente se descalifica como
“preconstitucional”, “inconstitucional” o “anticonstitucional”, apelativos
todos ellos para el símbolo que nos ocupa rotundamente falsos.
De
este dislate lingüístico da cuenta constantemente la prensa y otros medios de
comunicación y, sorprendentemente, tampoco se ha librado –aunque
involuntariamente- nuestra REVISTA. En el ejemplar de octubre de la misma, el
interesante artículo sobre la historia de la Estación Naval de Sóller, del
ilustrado y siempre ameno tratadista naval don José María Barceló-Fortuny[1], incluye una fotografía
del antiguo escudo nacional colocado a la entrada de la Base (pág. 473) y el siguiente texto: “inicio del
desmontaje del escudo preconstitucional” (Foto: J. Quirós. Semanario Sóller).
Imagino
que el autor no cayó en la cuenta del error que conlleva el apelativo “preconstitucional”
aplicado al escudo en cuestión, porque aunque aparentemente no tenga tanta
importancia, tal afirmación contribuye, empero, a mantener la confusión y la
falsa “leyenda” instaurada de que el anterior escudo nacional de España es
“preconstitucional” porque la Constitución Española de 1978 establece un nuevo
símbolo heráldico.
Sirva pues este modesto comentario para, en aras
del imprescindible rigor histórico y jurídico, conocer las fuentes legales de
regulación de nuestra bandera y escudo nacional.
Principios constitucionales y símbolos nacionales del Reino de España
La
Constitución Española de 1978 configura a España como un Estado uninacional,
territorialmente descentralizado, al establecer en su artículo 2 que “la
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas”.
La
Norma Suprema de nuestro ordenamiento jurídico establece también que “la
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado” (art. 1.2; poderes legislativo, ejecutivo y judicial) y que “la forma
política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” (art. 1.3). Todo
ello informa y explicita la definición de España como “Estado social y
democrático de Derecho” que proclama la Constitución en su artículo 1.1.
La
soberanía, pues, corresponde al pueblo español en su conjunto, es decir, a la
Nación, cuya representación genuina parlamentaria ejercen las Cortes Generales,
que son inviolables y están formadas por el Congreso de los Diputados y el
Senado.
Al
entender el Estado[2]
como la expresión política y jurídica de la Nación, como forma de organización
política, podemos afirmar que la Nación, el Estado, tiene soberanía mientras
que las Comunidades Autónomas solo tienen o ejercen las competencias que la
Constitución les atribuye. Esta diferencia sustancial es el núcleo fundamental
de la arquitectura jurídica de nuestro sistema político.
Partiendo
de estos principios jurídico-constitucionales, por símbolos nacionales se entiende -debe
entenderse- sólo los del Estado, es decir, los del Reino de España. Según la
tradición y la doctrina más autorizada los símbolos nacionales son: la bandera,
el escudo, el himno, y la institución de la Corona o Monarquía, que personifica
S.M. el Rey.
Las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con el art. 4.2 de la Constitución, también
han adoptado en sus respectivos Estatutos de Autonomía, banderas, enseñas y
escudos propios, siguiendo la tradición histórica de sus antiguos territorios,
cuando no han adoptado símbolos nuevos. La particularidad de las banderas
autonómicas, de conformidad con lo establecido en la Constitución, es que éstas
siempre se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en
sus actos oficiales. Lo mismo cabe decir de las banderas de las demás
corporaciones y entidades públicas. Por tanto, no es lícito, ni legítimo, ni
legal ni constitucional el uso/ostentación en solitario de las banderas
autonómicas o de otras corporaciones/instituciones públicas[3] sino acompañando siempre a
la bandera nacional de España, a la que le corresponde ocupar el lugar
preeminente y de máximo honor.
La
Constitución Española, respecto a la simbología nacional, sólo hace mención
expresa al Rey y a la bandera. Y de estos dos, sólo cita literalmente como
“símbolo” a S.M. el Rey (art. 56). No
fue necesario definir la bandera de España (art. 4.1) como símbolo, pues esta
circunstancia resulta totalmente evidente pues se presupone su entidad
esencialmente simbólica, dando prueba fehaciente de su importancia y
reconocimiento su inclusión en el título preliminar de la Constitución. Los
demás símbolos –el escudo y el himno nacionales- están regulados por ley y
disposiciones normativas de rango inferior.
Podemos
hablar, pues, de un símbolo unipersonal del Estado, que encarna la figura de
S.M. el Rey, y de símbolos materiales/inmateriales que representan la bandera,
el escudo y el himno nacional.
El
Rey, símbolo de la unidad y permanencia de la Patria, es el jefe del Estado en
tanto titular de un órgano constitucional del Estado, la Corona, consistente en
la jefatura del Estado y de cuya regulación se ocupa el título II de la
Constitución. El artículo 56 establece que “el Rey es el Jefe del Estado,
símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular
de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en
las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad
histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución
y las leyes”. La expresa caracterización de nuestra Monarquía como
parlamentaria (art. 1.3) en el seno del Estado de Derecho, supone que la
persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, es decir, es
irresponsable en el ejercicio de su cargo (art. 56.3), pues todos sus actos
estarán siempre refrendados, asumiendo su responsabilidad las autoridades que
los refrendan.
La
Corona como institución tiene su propio escudo heráldico, distinto del escudo
nacional, que es el escudo real[4] adoptado por S. M. el Rey
don Juan Carlos I en 22 de noviembre de
1975, y que venía usando oficialmente desde el año 1971. Efectivamente, ya como
Príncipe de España[5]
se determinó que el Guión de S.A.R. don Juan Carlos de Borbón y Borbón fuese de
color azul en lugar de rojo o morado, como lo habían llevado los anteriores
monarcas, con el escudo cuartelado de España, corona de príncipe, el yugo y las
flechas, el Toisón de Oro, y al fondo la cruz de Borgoña. Al actual escudo,
como Rey, sólo se añadió dos puentes visibles en la corona, convirtiéndola de
esta forma, en real. A partir del 22 de noviembre de 1975, la corona del escudo
real de su Guión y Estandarte, dejó de ser la de Príncipe para ser la de Rey
tradicional.
La
Marcha Real, también conocida como Marcha Granadera, es el himno nacional
español desde el 3 de septiembre de 1770, cuando el Rey Carlos III la declaró
Marcha de Honor, aunque realmente fue la costumbre y el arraigo popular las que
erigieron esta composición en himno nacional, sin que existiera disposición
escrita alguna en ese sentido. En origen fue un toque militar llamado “Marcha
Granadera”, de autor desconocido, que aparece recogido en 1761 en el “Libro de
Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española”.
El pueblo español consideró la “Marcha Granadera” como su himno nacional y la llamó “Marcha Real”, porque se interpretaba en los actos públicos a los que asistían el Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias. A diferencia de otros himnos nacionales, el español no tiene letra, sólo música. Existen dos versiones: la completa y la breve, y cualquiera de ellas debe interpretarse íntegramente y de una sola vez.
La
“Marcha Real” ha sido siempre el himno nacional español desde 1770, salvo
durante la II República (1931-1939), cuando se adoptó el Himno de Riego.
Durante la Guerra Civil, el generalísimo Franco restableció la “Marcha
Granadera” como himno nacional por Decreto de 27 de febrero de 1937, pero fue
necesaria la publicación en el BOE de un nuevo decreto fechado el 17 de julio
de 1942 para que se le diese cumplimiento.
Respecto
a las partituras del Himno Nacional, su composición original fue ordenada por
el Músico Mayor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos don Bartolomé Pérez
Casas, cuya adaptación fue oficializada por la Real Orden Circular de 27 de
agosto de 1908. No es hasta 1997 cuando el Estado adquiere los derechos de
explotación del Himno, que pertenecían a los herederos del maestro Pérez Casas,
mediante el Real Decreto 1543/1997, de 3 de octubre. La última adaptación del
Himno se encargó, desde el grupo de trabajo que promovió la Presidencia del
Gobierno y el que participaron varios Ministerios y la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, al maestro don Francisco Grau, coronel Director de la
Unidad de Música de la Guardia Real. Finalmente, se aprobó una versión de la
“Marcha Granadera”, que, respetando la armonización del Maestro Pérez Casas,
recupera la composición y tonos de su época de origen, cediendo el maestro Grau
al Estado español todos los derechos de explotación[6] sobre su obra creada. En
la actualidad, el Himno Nacional, está regulado por el Real Decreto 1560/1997,
de 10 de octubre, en el que se describen los compases musicales, se establecen
las dos versiones del mismo, la completa y la breve, y cuándo ha de utilizarse
cada una de ellas.
La bandera constitucional de España
Como ya quedó apuntado, la Constitución Española de 1978 hace mención expresa en su texto a la bandera de España pero, no así, al escudo nacional que, necesariamente, debe figurar en determinadas banderas, edificios y documentos públicos oficiales. Por tanto, sólo es constitucional en sentido estricto la bandera y no el escudo nacional.
El
artículo 4.1 del texto constitucional establece que “La bandera de España está
formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la
amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”. Posteriormente, a través
de la “Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera
de España y el de otras banderas y enseñas” (BOE núm. 271, de 12 de noviembre),
se desarrolla su normativa paralelamente a la regulación del escudo nacional,
que se realiza a través de la “Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España”
(BOE núm. 250, de 19 de octubre) y del “Real Decreto 2964/1981, de 18 de
diciembre, por el que se hace público el modelo oficial del Escudo de España”
(BOE núm. 221, de 15 de septiembre), además de otros Reales Decretos en los que
se especifican técnicamente los colores de la Bandera y del Escudo. Las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas[7] y su normativa de
desarrollo, también incluyen diversos preceptos relativos a la bandera
nacional, en lo que a su juramento, custodia, honores y defensa se refiere por
parte de
Como
es sabido, la bandera roja y gualda es una de las aportaciones más importantes
que la Armada ha hecho a España, ya que ésta se creó en origen como bandera de
la Real Armada[8]
en 1785 y se institucionalizó después como bandera nacional de España[9] en 1843. Así, en mayo de
1985, España conmemoró con todos los honores el bicentenario de su Bandera
Nacional en un solemne acto de Estado celebrado en el mismo escenario en el que
el Rey Carlos III sancionó el decreto de su creación, el palacio real de
Aranjuez, ceremonia a la que asistieron las principales autoridades y representantes
de la Nación, y que fue presidida por S.M. el Rey.
Sólo
durante la II República[10] (1931-1939), la bandera
nacional bicolor cambió su diseño para añadir a los dos colores un tercero, el
morado; figurando en el centro de la banda amarilla, que tuvo el mismo tamaño
que las otras dos, el escudo de España, adoptado por el Gobierno Provisional de
1868 y la Primera República, esto es, los cuatro cuarteles clásicos más la
granada en punta, las columnas de Hércules sobre la tierra y la corona mural de
torres y almenas. Poco después del inicio de la Guerra Civil (1936-1939), en la
zona nacional se reestableció la bandera rojigualda, hecho que quedó sancionado
por un decreto[11]
de la Junta de Defensa Nacional, cuya presidencia ejercía el general
Cabanellas. Años después, durante el régimen de Franco, se complementa la
normativa que regula la bandera con la Orden de 30 de abril de 1940 y, en 1945,
el decreto que aprueba el nuevo Reglamento de Insignias, Banderas y Distintivos[12] que regula su uso y
forma, y detalla las características de la Bandera Nacional en sus distintas
modalidades. Este último reglamento sería sustituido por el ya citado de 1977,
actualmente en vigor y que ha sido modificado en varias ocasiones.
En
la actualidad la normativa vigente sobre la bandera nacional, como quedó
apuntado, parte directamente de la Norma Suprema de nuestro ordenamiento
jurídico, la Constitución de 1978. La Ley 39/1981 que regula su uso establece
en su art. 1: “La bandera de España simboliza la nación; es signo de soberanía,
independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores
superiores expresados en la Constitución”.
En
cuanto a las banderas oficiales se distinguen varios tipos:
-
Bandera Nacional con el
escudo de España (que deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente
en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administraciones
central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del
Estado; siendo la única que debe figurar en las sedes de los órganos constitucionales
del Estado; en los órganos centrales de la Administración General del Estado,
en los edificios públicos militares y en los acuartelamientos, buques,
aeronaves y cualesquiera otros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de
Seguridad del Estado; en las misiones diplomáticas y oficinas consulares así
como en las residencias de sus jefes y, en su caso, en sus medios de transporte
oficial).
-
Bandera para Unidades de
las Fuerzas Armadas (alrededor del escudo se borda en letras negras el arma o
cuerpo, y el nombre y número de la Unidad).
-
Estandartes para Unidades
de las Fuerzas Armadas (con forma cuadra).
-
Bandera de proa o tajamar
(en los buques de guerra, en forma cuadra, con los cuarteles de Castilla, León,
Aragón y Navarra).
-
Bandera para embarcaciones
(como pabellón, en los buques, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad,
con arreglo a las disposiciones y usos que rigen la navegación. Marina
Mercante, Deportiva, Correos Marítimos, de Hacienda, de Sanidad).
Destaca
lo dispuesto en los arts. 4, 5 y 6 de la Ley de la bandera que corrobora y
desarrolla lo establecido en el art. 4.2 de la Constitución, respecto a la
utilización conjunta de la bandera de España con el de otras entidades o
corporaciones públicas, en el sentido de enfatizar la primacía de la bandera
nacional, a la que siempre le corresponde el lugar preeminente y de máximo
honor en el protocolo, no pudiendo tener las restantes mayor tamaño.
El escudo nacional de España
El actual escudo de España, modificado en el sentido de perder el águila de San Juan, la cinta con la leyenda “Una, Grande, Libre”, el yugo y las flechas, e incorporar un escusón con los lises de la Casa de Borbón y la corona real, se oficializa en diciembre de 1981, tres años después de entrar en vigor nuestra Constitución y seis desde la instauración/restauración[13] de la Monarquía en la persona de S.M. el Rey don Juan Carlos I.
La Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España, describe con todo detalle el símbolo heráldico de nuestra nación, con los elementos que lo componen y que poseen una tradición milenaria en nuestra Historia. A los cuarteles tradicionales de Castilla, León, Aragón y Navarra, añade la granada, el escusón de las tres lises de la dinastía reinante (Borbón-Anjou), y las columnas de Hércules con corona imperial la diestra y corona real la siniestra, y rodeando las columnas sendas cintas con las leyendas “plus” (en la diestra) “ultra” (en la siniestra), con la corona real cerrada. Dos meses más tarde, por el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, se hace público el modelo oficial del escudo que describe la Ley anteriormente citada, estableciendo ambas normas su regulación.
De
conformidad con el art. 2 del Real Decreto que oficializa el escudo de España,
éste habrá de figurar en: las banderas que ondeen en el exterior o se exhiban
en el interior de las sedes de los órganos constitucionales del Estado, de
todas las Administraciones Públicas, FFAA, Fuerzas de Seguridad del Estado,
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, residencias de sus Jefes y, en su
caso, sus medios de transporte oficial; las leyes que sancione y promulgue S.M.
el Rey, así como los instrumentos que firme en relación con los Tratados
Internacionales; placas en las fachadas de los locales de Misiones
Diplomáticas, Oficinas Consulares y otras Misiones Diplomáticas en el
extranjero; los sellos en seco y de lacre de chancillería, las cartas
credenciales y patentes y las credenciales y plenipotenciarias expedidas por el
Ministro de Asuntos Exteriores; los títulos acreditativos de condecoraciones;
los diplomas y sellos para diplomas de Órdenes; las publicaciones oficiales;
los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial con excepción de
los sellos de correos; los distintivos usados por las autoridades del Estado a
quienes corresponda; los edificios públicos y los objetos de uso oficial en los
que, por su carácter representativo, deban figurar los símbolos del Estado.
Por
otra parte, tanto la Ley (en su disposición transitoria segunda) como el Real
Decreto (en su art. 5) que regulan el
escudo de España, determinan respecto a los escudos nacionales anteriores (entre
los que se encuentra el del águila de San Juan[14]) que: “se mantendrán los
escudos existentes en aquellos edificios declarados monumentos
histórico-artísticos. Igualmente se mantendrán en aquellos monumentos,
edificios o construcciones de cuya ornamentación formen parte sustancial o cuya
estructura pudiera quedar dañada al separar los escudos”. Lamentablemente, en
algunos casos, este precepto legal no se ha venido cumpliendo fielmente y, así,
con total falta de sensibilidad histórica y artística, en algunos edificios
públicos de la época del régimen de Franco, los escudos nacionales del águila
(vigente entre 1938-1981) que portaban fueron retirados.
La
sustitución del escudo nacional en las banderas, documentos oficiales y
organismos públicos se efectuó en unos casos en el plazo más breve posible y,
en otros, a lo largo de tres años que, como plazo máximo de
transición/adaptación, también fijó el Real Decreto 2964/1981, en su art. 4.
Razonamiento
jurídico y conclusiones
Si analizamos la presencia del escudo
de España del águila de San Juan exclusivamente desde el punto de vista de su
vigencia en el tiempo (1938-1981) respecto a la Constitución de 1978, podemos
afirmar que dicho escudo fue, efectivamente, preconstitucional pero también
constitucional e, incluso, postconstitucional ya que estuvo en vigor hasta
diciembre de 1981. Ello es así, por la sencilla razón de que la Constitución de
1978 no establece escudo alguno en su articulado y, por tanto, el referido
escudo del águila era el símbolo heráldico oficial de España antes, durante y
hasta tres años después de ser promulgada
En sentido estricto el apelativo “constitucional” se aplica a lo que directa y expresamente establece la Constitución como norma de regulación y como Derecho fundamental de organización que es. En sentido amplio o laxo, jurídicamente es “constitucional” toda manifestación o norma que se ajusta o es conforme a la Constitución de un Estado. Y así, por “inconstitucional” se entiende aquella manifestación o norma que es opuesta o no conforme con la Constitución. Existe otro adjetivo o apelativo que es el de “anticonstitucional” que, aunque en puridad significa lo mismo que “inconstitucional”, algún sector doctrinal opina que se trata de una contrariedad u oposición más grave a la Constitución.
Teniendo como criterio de referencia o como parámetros de consideración estos conceptos básicos, en modo alguno pueden aplicarse los apelativos de “preconstitucional”, “inconstitucional” o “anticonstitucional” al escudo nacional del águila de San Juan Evangelista, que el Generalísimo Franco restituyó en 1938, y que todo sea dicho de paso, no fue otro sino el creado por los Reyes Católicos (con ligeras variaciones[15]) hace más de quinientos años. Es más, como ya quedó apuntado, cuando se aprobó nuestra Carta Magna en 1978, el escudo oficial de España era y fue hasta 1981 el del águila de San Juan, y como tal figura encima del Preámbulo del texto en el ejemplar solemne que de la Constitución[16] sancionó S. M. el Rey antes las Cortes el 27 de diciembre de 1978, y que se conserva en el Congreso de los Diputados.
Si hablásemos con rigor, habría que admitir que el escudo constitucional por excelencia es, precisamente, el que figura ilustrando la Constitución. Pero ahora nos encontramos con que el escudo que encabeza nuestra Norma Suprema es el “anticonstitucional”, mientras que el “constitucional” es aquel sobre el que nada dice la Constitución ¡!.
Otra cuestión distinta es la legalidad o no de un escudo u otro. No hay que ser jurista para saber que “legal”, de acuerdo con la teoría del principio de legalidad, es aquello dispuesto o prescrito por ley y conforme a ella. En este sentido, el actual escudo de España es el único legal y, por tanto, oficial del Estado porque así lo establece la normativa en vigor que lo regula, la Ley 33/1981 y el Real Decreto 2964/1981. Y siendo así, este escudo legal es también constitucional –en sentido amplio- porque no se opone a lo que la Constitución establece (que en esta materia, como hemos visto, es nada) o es conforme con ella.
Desde la entrada en vigor de la Ley 33/1981, el anterior escudo nacional no es legal por derogación tácita, ya que la norma en cuestión establece un nuevo escudo de España distinto del hasta entonces vigente, al que sustituye, no incluyendo en su texto disposición derogatoria alguna.
El vigente escudo oficial de España[17], que todos defendemos y yo el primero –pues he jurado solemnemente defenderlo inserto en nuestra enseña nacional- como las banderas y escudos anteriores son históricos, no son constitucionales “estrictu sensu” pero tampoco son anticonstitucionales. Son, en definitiva, patrimonio de la Historia de un gran Estado, de una gran Nación, llamada España.
Ferrol, 30 de noviembre de 2006.
Fdo.: JAIME ANTÓN VISCASILLAS.
Titulado Superior de Administración del Estado y jurista.
BIBLIOGRAFÍA
ANTÓN
VISCASILLAS, Jaime: “A vueltas con el escudo de España”. Diario “El Ideal Gallego”,
12 de noviembre de 1995.
“Carta abierta al Alcalde de Ferrol”. Diarios “La Voz de Galicia”, 27 de noviembre de 2000; y “Diario de Ferrol”, 15 de diciembre de 2000.
“España y la Armada: génesis de la
Bandera Nacional”. Trabajo inédito pendiente de publicar en el Boletín
Informativo para Personal. Servicio de Publicaciones del Cuartel General de
CALVO PÉREZ, José Luis; GRÁVALOS GONZÁLEZ, Luis: “Banderas de España”. Editorial SILEX, 1983.
TORRES DEL MORAL, Antonio: “Principios de Derecho Constitucional Español”. Atomo Ediciones, Madrid 1988.
LEGISLACIÓN Y OTRAS FUENTES
Constitución Española de 1978.
Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, varios números.
Legislación histórica y actual sobre los símbolos nacionales del Reino de España.
Revista General de Marina, varios números.
http://www.la-moncloa.es
http://www.noticias.juridicas.com
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