GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ-CARANDE, EDUARDO
Con la segunda edición de este libro el Prof. García de Enterría incorpora una nuevo trabajo en el capítulo primero de esta obra que nos introduce en un problema capital planteado por una jurisprudencia, ya numerosa, de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que está reconociendo con una notable liberalidad la posibilidad de obtener indemnizaciones por los perjuicios que para los particulares pueden derivarse de la aplicación de ciertas leyes, tanto del Estado como autonómicas. Aparte de invocar una supuesta tendencia del Derecho comparado, se fundamentó primero como título que justificaba esos pronunciamientos el principio de la protección de la confianza legítima (argumento cuya generalización podría llevar nada menos que a la «petrificación» del ordenamiento jurídico). Se invocó también la garantía explícita que hace el art. 9.3 de la Constitución del «principio de la responsabilidad de los poderes públicos». Se ha intentado construir un supuesto de supernulidad de las leyes declaradas inconstitucionales capaz de romper la fuerza de cosa juzgada de las sentencias firmes que aplicaron dichas leyes y de enervar cualquier género de prescripción de las situaciones surgidas en la aplicación de las mismas. En fin, todo ello supondría reclamar como una competencia de los jueces y Tribunales contencioso-administrativos para decidir si una Ley tiene o no contenido expropiatorio. El análisis depurado de esos supuestos títulos, muchas veces acumulativos, permite al autor fijar con notable seguridad cuestiones esenciales del Derecho Público actual, como, por ejemplo, la significación del principio de responsabilidad de los poderes públicos como constitutivo del mismo régimen democrático, sin que implique en modo alguno una responsabilidad patrimonial; la inexistencia de jurisdicción en los Tribunales contencioso-administrativos para pronunciar sentencias de condena contra el Legislador; el deslinde entre la jurisdicción contenciosoadministrativa y la propia del Tribunal Constitucional, tanto respecto de la calificación de una Ley como materialmente expropiatoria como respecto de las consecuencias derivadas de la declaración de una Ley como inconstitucional.
La obra clarifica, pues, cuestiones fundamentales del actual Derecho Público democrático, con una notable brillantez.
Pero, a la vez, la obra no duda en entrar en problemas bastante más concretos, de los que puede ser un ejemplo (sólo por sí mismo relevante) la resuelta reconsideración de la expropiación legislativa de las costas y zona marítimo-terrestre llevada a término por la Ley de Costas de 1988, reinterpretando la Sentencia Constitucional 149/1991 y abriendo aquí, justamente, una posibilidad indemnizatoria no tenida en cuenta hasta ahora.
