Desde la consagración constitucional en 1991 del mérito como criterio de acceso a la administración del Estado Colombiano, han sido numerosos los esfuerzos en pro de la consolidación e implementación de mecanismos de selección capaces de cumplir con el mandato constitucional y garantizar la igualdad de condiciones de acceso a la administración. En este contexto, revisar el estado actual de estos procesos de selección y la manera como se han llevado a cabo, proporciona un inmejorable escenario para verificar su adecuación a la norma fundamental, con el objetivo de establecer si efectivamente son prenda de garantía en la generación de una cultura administrativa que premie el esfuerzo y el merito por encima de intereses políticos o clientelistas.
