El sector social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) viene denunciado desde hace años la desprotección social, jurídica y económica que sufren las víctimas de accidentes de circulación vial que adquieren una discapacidad a consecuencia de este tipo de siniestralidad. Este desamparo se extiende también a la familia de la víctima, que recibe el impacto del accidente y de sus consecuencias de toda índole (emocionales, personales, sociales, económicas, asistenciales, etc.). Los accidentes de tráfico son una de las primeras causas generadoras de discapacidad sobrevenida en España; cada año, miles de personas adquieren una discapacidad (lesión medular, daño cerebral sobrevenido, amputaciones de miembros, pérdida o grave deterioro de sentidos como el de la vista o el oído, etc.) que tiene su origen en un accidente de tráfico. Ante esta realidad, el grado de protección de las víctimas y de sus familias es, en nuestro país, muy débil, caracterizándose por la fragmentación, la dispersión y la descoordinación de dispositivos de apoyo y ayuda a
