Desde que se aprueba la Constitución en 1978, Estado y Comunidades Autónomas comparten protagonismo en la conformación de un sistema de protección social. Como es sabido, el Estado tiene competencia exclusiva en el ámbito de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas en materia de sanidad y asistencia social. En un contexto de crisis económica, las Comunidades Autónomas afrontan su déficit público reduciendo gastos o incrementando ingresos. Con una consecuencia directa: la inversión en protección social se resiente, constatándose esa gran paradoja que obliga a reducir recursos cuando las necesidades aumentan. En esta obra se aborda este debate de actualidad con una perspectiva multidisciplinar, plural y global, sin eludir el análisis de temas y propuestas. Se exponen, así, aspectos como el alcance y contenido de la protección social, la realidad socioeconómica en la que se desarrolla, la delimitación competencial, la participación privada en la financiación de servicios públicos, la conversión de políticas de empleo pasivas en activas, las deficiencias de coordinación y colaboración interterritorial, la
