En todos los ordenamientos jurídicos contemporáneos en el marco del Estado de derecho, en mayor o menor grado, las actividades que los particulares tienen derecho a realizar conforme a la libertad individual y económica garantizada en la Constitución, con frecuencia está sujeta a limitaciones impuestas por las leyes por razones de interés general, sometiéndolas, entre otros requisitos, la obtención previa por aquellos, de alguna autorización, licencia, permiso o registro administrativo por parte de la Administración del Estado.La iniciativa para obtenerlos está a cargo del administrado interesado, y para garantizar su resolución, incluso en las Constituciones se consagra el derecho de petición de todas las personas ante las autoridades administrativas y la consecuente obligación de las mismas de responder de manera "oportuna y adecuada." Sin embargo, con frecuencia, la Administración no siempre decide las peticiones que se le formulan, teniendo que enfrentarse los peticionarios con una si
