En la mañana del 20 de diciembre de 1973, pocos minutos después de co- nocido el magnicidio que le costó la vida al almirante Carrero Blanco, alguien entró en su despacho y vació la caja fuerte en la que el presidente guardaba las notas personales y los documentos más confidenciales. Quién fuese, aún hoy se ignora, pero es seguro que se trató de alguien con mando en plaza. Gonzalo Fernández de la Mora aseguró que esa mañana una persona ya había llegado a esas tempranas horas a presidencia: Laureano López Rodó, hombre muy cercano a Carrero y del que Julio Merino - que de esto sabe un rato - reveló que entregó dichos documentos a la viuda del almirante. Sea quien fuere, tuvo que atravesar la antesala, para él conocida, que comunicaba con el despacho del almirante y no pudo por menos que advertir los retratos del general Prim y de Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato, colgados en una de las paredes. El asesinato de Carrero es, empero, diferente al de los otros, aunque, al tiem- po, sea imposible desvincularlo de ellos. Franco, desde su misma comisión, tuvo clara la autoría: ôhan sido los masonesö. Y, al menos
