Recientemente, la Fiscalía General del Estado ha publicado la instrucción 1/2020 de 15 de septiembre, respecto de los criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación pacífica de bienes inmuebles.
La ocupación es un tema que está en auge, debiendo ser analizado a la luz de los derechos constitucionales, que pueden resultar vulnerados, resaltando el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y aquellos otros derechos constitucionales afectados, que también son dignos de protección, como pueden ser el derecho a la propiedad privada y el principio rector consagrado en Nuestra Carta Magna, como es el derecho a una vivienda digna.
Estamos ante una serie de derechos que convergen y que, en ocasiones, parecen enfrentarse y al mismo tiempo vemos cómo los ciudadanos esperan una respuesta ágil por parte de las instituciones pues, de otro modo, estaríamos creando una enorme inseguridad jurídica si los poderes públicos no pueden responder con unos mecanismos adecuados defendiendo los derechos reconocidos en nuestra Constitución.
