Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión pública y una clara desafección de las personas hacia aquellos que tienen como responsabilidad su representación en el seno de la soberanía nacional.
Esta situación se ha vuelto especialmente grave, cuando los casos de corrupción y de financiación ilegal se han producido en plenas crisis económicas como las de 2008, o incluso durante las crisis sanitarias, como la reciente pandemia del Covid-19, cuyos casos aún no han salido a la luz de la opinión pública. Esto acontece por la propia contradicción que esta situación supone, ya que los organismos políticos afirmaban que eran necesarios más recortes, cuando ellos mismos financiaban sus campañas de forma ilícita, generando un desequilibrio entre las fuerzas que se presentaban.
Han sido diversas las reformas que se han producido tanto en la normativa aplicable a los partidos políticos como en nuestro Código Penal, siendo este el objeto de estudio de
