En toda América Latina, particularmente durante el siglo pasado y conforme fue avanzando en todos los países la consolidación del Estado de derecho, se fue estableciendo progresivamente un sistema de Justicia Administrativa, es decir, un sistema de control judicial de la actividad de la Administración Pública, a cargo de los tribunales integrados dentro del Poder Judicial, que en la mayoría de los países conforman la denominada Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual ha sido objeto de regulación mediante leyes especiales.En efecto, salvo los casos de Argentina, Brasil, y Chile en todos los otros países se han dictado leyes especiales reguladoras de lo contencioso administrativo, como ha sucedido en Colombia (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de 2011); Costa Rica (Código Procesal Contencioso-Administrativo de 2008); Ecuador (Código Orgánico General de Procesos de 2015: Disposiciones sobre procedimiento contencioso administrativo); El Salvador (Ley de la Jurisdicci
