El entorno rural presenta una serie de factores que, en comparación con las áreas urbanas, dificultan el acceso de sus habitantes a los servicios fundamentales que les corresponden como parte de la ciudadanía. Estas dificultades están estrechamente vinculadas y, en ocasiones, se refuerzan mutuamente con fenómenos como la despoblación, la inestabilidad laboral, la escasez de infraestructuras y servicios, la disminución de vínculos familiares y afectivos, así como diferentes formas de aislamiento. Todos estos elementos contribuyen a situaciones de exclusión social que afectan especialmente a las personas con discapacidad, aumentando su vulnerabilidad en estos entornos.
Existe acuerdo sobre que la intersección de la discapacidad y la ruralidad suponen un mayor riesgo de vulnerabilidad y discriminación. Sin embargo, tan solo determinadas estrategias de política pública recientes, que se sitúan en el apartado del contexto normativo, abordan de manera combinada y específica esta realidad. Lo que supone un reto por seguir por la novedad de estas propuestas y su soporte financiero, así como una op
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